Mientras no evaluemos los resultados de las
políticas sociales, seguiremos manteniendo los fracasos que incluso conocemos.
Esto ya ocurre con los resultados del
sistema de protección a la infancia (por ejemplo).
Siempre queda
pendiente pararnos a conocer y analizar situaciones que se mantienen durante
años en el desarrollo de las políticas sociales. Situaciones que contienen información
privilegiada sobre los resultados que se esperan de ellas, pero que nunca son
debidamente explicadas. Con frecuencia, se realizan evaluaciones generales de
resultados, que una vez publicadas dejan atrás oportunidades perdidas para
evitar nuevos fracasos. Esto ocurre de forma general en numerosos ámbitos de la
política social. Y en concreto, en las actuaciones dirigidas a la protección a
la infancia en las que la evaluación realizada de forma sistemática en el
tiempo va dejando vacíos sin respuesta ante los que no se introducen los
cambios necesarios. Tal es el caso de los datos recogidos en los boletines estadísticos
de medidas de protección a la infancia que publica anualmente el Ministerio de
Servicios Sociales respecto a las causas por las que se producen las bajas de
menores en los acogimientos residenciales.
Para el acogimiento residencial, los motivos por los que un menor causa baja
pueden ser por reintegración a su familia, por mayoría de edad, por paso a
acogimiento familiar o por “otras causas”.
Cada uno de estos motivos puede explicar el proceso de protección
seguido y los resultados de cierre obtenidos con ello. De esta forma, y sin
realizar análisis concretos de cada una de estas causas, es posible considerar
que la reintegración a su familia de menores acogidos en centros cierra con
resultados satisfactorios la medida iniciada de protección, al igual que el
paso a un acogimiento familiar, o incluso la mayoría de edad, aun cuando en
este caso sea necesario explicar a su vez la protección real ofrecida y la
autonomía alcanzada del menor. Bajo estos tres motivos, en los últimos años -al
menos desde el año 2014 en adelante- se han producido la baja en centros de la
menor parte de los menores acogidos. Por el contrario, las causas fundamentales
por las que la mayoría de los menores (el 53%) dejan de estar protegidos por la
administración en acogimiento residencial, son “otras causas”, es decir, no se
conocen. Esta es una conclusión objetiva, pero insuficiente, a la que puede
llegarse tras conocer los datos estadísticos que cierra el ministerio cada año,
en los que bajo el apartado “otras causas” sin determinar, sin definir, sin
explicar, se registran de manera mantenida en el tiempo y con tendencia al
crecimiento, los mayores porcentajes de menores que causan baja en acogimiento
residencial. Los datos concretos son:
En el apartado de “otras causas” se acumulan como media el 53% de los
motivos por los que los menores salen de los centros, sin volver a su familia,
ni haber cumplido 18 años o encontrarse con una familia de acogida.
¿Cuáles son entonces esas causas?, ¿podemos
mantener el cierre de los resultados de cada año sin pararnos a conocerlas?, ¿sin
pararnos a revisar, a evaluar las respuestas efectivas de protección que se
están ofreciendo a los menores?
Tras la modificación del sistema de protección a la infancia introducida
por las leyes 26/2015, de 28 de julio, y Orgánica 8/2015, de 22 de julio, se
inicia un nuevo escenario en el que los menores pueden causar baja voluntaria
en los centros –aun siendo menores de edad- tras un periodo establecido. En
este marco, al menos por la información ya conocida hasta el momento de las
circunstancias que rodean la protección a la infancia en ciudades como Ceuta y
Melilla respecto a menores extranjeros no acompañados, se producen constantes bajas
voluntarias de menores que tras ello siguen permaneciendo en situación de
abandono y desprotección. La mayoría queda en situación de calle en nuestras
ciudades, siendo menores de edad que “voluntariamente prefieren vivir así”. Además
de estas dinámicas, posiblemente reguladas pero de igual forma interpretables, es
evidente que siguen sin explicarse las causas reales que llevan a numerosos menores
a salir de los centros en los que hubo que protegerlos, quedando a su vez sin
respuestas las posibles responsabilidades y mejoras que deban identificarse
tras ellas. Queda pendiente por tanto, conocer el entramado real de estos
datos, preocupándonos tanto ante ellos que nos obliguen a no realizar una nueva
memoria con un cajón de sastre llamado “otras causas”, sobre todo cuando de lo
que hablamos es de menores en protección.
Posiblemente en el boletín de datos que se publique de nuevo para el año
2017 nos lo volvamos a encontrar,… yo sin embargo seguiré buscando razones.
María de las Olas
Palma García
Profesora de Trabajo
Social y Servicios Sociales
Universidad de Málaga
